Me
llega este escrito de unos funcionarios dirigido a Juan Rosell, presidcente de la CEOE, y advierto que se han modificado
algunas afirmaciones en el texto.
Sus declaraciones de estos días merecen
que –en nuestra condición de ciudadanos, trabajadores y funcionarios– le
traslademos algunas apreciaciones.
Descalifica usted la labor de un organismo
público, el INE, cuestiona la veracidad de los datos de paro aportados por la
Encuesta de Población Activa (EPA), y frente al criterio fundamentado de
economistas y expertos en el mercado laboral y el aval de varios organismos
internacionales, no aporta más que sus creencias personales, en un discurso
plagado de datos erróneos y contradictorios. Con todo, lo destacable es que
–aún suponiendo que tuviera usted razón– la cifra de cinco millones de
desempleados ya sería escandalosamente inadmisible.
No le parece a usted necesario
reflexionar sobre la implicación de algunos componen de la CEOE, que usted
preside, en casos de corrupción que estos días se airean, ni sobre la
existencia de tramas organizadas que durante años han ligado la cúpula empresarial
y política de este país para utilizar los votos y los impuestos de los
ciudadanos en aras de un desmedido lucro personal. No aporta tampoco ninguna
propuesta al gravísimo problema de la destrucción de empleo más allá de seguir
consolidando su precariedad con contratos para jóvenes “aunque sean de una
hora” (¿para cuándo los que se cuenten por minutos?); abunda, en este sentido,
en la línea preconizada por algunos otros empresarios –como su predecesor, el
encarcelado señor Díaz Ferrán– que proponen que el problema del desempleo lo
solucionen los trabajadores renunciando a sus derechos económicos y laborales;
o el imaginativo Grifols, que encontraba que los parados podrían muy bien
llegar a fin de mes si vendieran su sangre.
Su menosprecio de lo público le lleva a
recomendar que los funcionarios (no acaba de decidirse sobre si sobramos
300.000 o 400.000) nos vayamos a casa con un subsidio en vez de quedarnos en
nuestros puestos “consumiendo papel, teléfono y tratando de crear leyes”.
Los funcionarios de este país, como
norma, señor Rosell, no aceptamos subsidios, ni prebendas, ni sobresueldos, ni
regalos bajo cuerda. Los funcionarios, que accedemos, como norma, a nuestra
plaza tras la superación de pruebas objetivas regidas por los principios de
transparencia, equidad e igualdad, representamos la garantía de que esos mismos
principios se apliquen a través de nuestro trabajo al conjunto de los
ciudadanos. Los funcionarios, señor Rosell, no consumimos papel y teléfono, los
utilizamos cada día para enseñar a sus hijos, curarle cuando está enfermo,
defender su seguridad y sus derechos en los tribunales o concederle la pensión
de jubilación.
Finalmente, señor Rosell, lamentamos
que no tenga claro el funcionamiento básico de las instituciones de un estado
democrático, y hemos de recordarle que nosotros no “creamos las leyes”.
Desgraciadamente, confiamos con nuestros votos en que nuestros representantes
encargados de legislar desarrollen, cumplan y hagan cumplir las leyes que nos
protejan a todos; aunque la realidad nos viene demostrando que lo único que
parece interesarles –a algunos, por lo menos- es utilizarlas para estafarnos y
privarnos de nuestros derechos básicos –el empleo entre ellos– en connivencia
con muchos de los atroces empresarios de los que a usted no le interesa hacer
memoria.
Probablemente, tras su desconfianza por
lo público se esconda la intención de ampliar unas líneas de negocio que
–desprovistas ya de esas molestas trabas de transparencia, igualdad y equidad
que lo público garantiza– le permitan acumular beneficios a costa del trabajo
cada vez más precario y peor pagado de trabajadores completamente indefensos.
Le
aseguramos haremos lo posible y lo imposible para que eso no ocurra. Y coincidimos
plenamente con su afirmación de que en este país “hay grasa en todas partes”: Basta
mirarle a usted a la carita.
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